¿En España la Justicia es un derecho democrático de la ciudadanía?

    Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia de CCOO queremos manifestar nuestra indignación por la decisión del Tribunal Supremo en relación con los impuestos de las hipotecas.

    07/11/2018.
    Tribunal Supremo

    Tribunal Supremo

    Ayer asistimos a uno de los episodios más tristes de la historia de la justicia española: el Tribunal Supremo, la Administración de Justicia, ha utilizado vericuetos legales incomprensibles para la ciudadanía para mostrar su cara más amarga.

    El artículo 117 de la Constitución afirma que “la justicia emana del pueblo” y es incompresible, por tanto, que se adopten decisiones en contra de la inmensa mayoría de ese pueblo y en favor de una pequeñísima parte privilegiada, la banca, que ha encontrado en el Tribunal Supremo un perfecto aliado para seguir esquilmando los bolsillos de los consumidores.

    Los trece votos en contra de esta inaceptable decisión del alto tribunal y las tres sentencias de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo que han sido ninguneadas, muestran a las claras que la decisión podría haber sido perfectamente la contraria y favorable a los intereses ciudadanos.

    El personal que día a día trabajamos en los juzgados, tribunales y fiscalías, formamos parte fundamental de este servicio público esencial que debería ser el de la Administración de Justicia. Pero de lo que no formamos parte es de las decisiones de los jueces ni tampoco de este tinglado político-judicial que nos obliga a trabajar día a día en los juzgados, tribunales y fiscalías, con unos medios personales y materiales absolutamente deficientes, para que el fruto de nuestra labor sea, en ocasiones como esta, totalmente contrario a las personas que nos pagan y a cuyo bienestar nos debemos y en beneficio de una minoría privilegiada.

    Por estos motivos no podemos permanecer en silencio ante esta desastrosa decisión del Tribunal Supremo y nos ponemos en primera línea para denunciarla y para exigir soluciones.

    Rechazamos también las palabras grandilocuentes y vacías de quienes desde los partidos políticos dicen ahora estar del lado de los consumidores y las consumidoras, mientras que durante los 40 años de democracia se han puesto de perfil o claramente a favor de la banca y otros colectivos privilegiados a la hora de legislar. Intentan mostrarse con indignación y con sorpresa ante la decisión de una Justicia que han tenido abandonada a su suerte y que no han dejado de manipular en función de sus propios intereses.

    Qué fácil hubiera sido que en las leyes que regulan los impuestos y otros gastos derivados de la constitución de los préstamos hipotecarios recogieran con claridad (y sin posibilidad de interpretación judicial) que los mismos deben ser pagados por los bancos como máximos beneficiarios de ellos (13.200 millones de euros de beneficios entre enero y septiembre). Qué fácil sería que los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo dejaran de ser nombrados a dedo y se seleccionaran en base a su mérito y capacidad como cualquier otro puesto de la Administración Pública.

    La independencia judicial es uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de derecho y la Justicia (y la política que la regula) ha mostrado, una vez más, no ser independiente y estar sometida a los intereses de los grandes poderes económicos. Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia también decimos ¡BASTA YA!

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